Vivienda y desahucios: importar recortes o importar derechos

En el pasado pleno, desde IU intentamos que se aprobara una moción para garantizar la función social de la vivienda. En el debate conseguimos tres cosas: exponer nuestras ideas lo mejor que pudimos, que el PP dijera que sus medidas "antidesahucios" eran más ambiciosas que la ILP promovida por la sociedad civil y que el PSOE nos mentara a Extremadura. Pero más allá de las anécdotas y los argumentos manidos, día tras día hay que seguir empujando para que un discurso que era hace pocos meses minoritario vaya cobrando, si cabe, cada vez más fuerza y se convierta en hegemónico. 

Y es que las medidas que necesitamos para garantizar efectivamente el derecho a la vivienda en nuestro país son extraordinarias porque partimos de una situación extraordinaria. Nuestro modelo hipotecario expulsa y excluye a una parte importante de la población, porque las entidades bancarias han estado concediendo préstamos a sabiendas, en ocasiones, de que no iban a poder devolverse. Personas que no ganan en toda su vida laboral 200.000 euros es evidente que no iban a poder abonar 200.000 euros de hipoteca. Además, tenemos el dudoso honor de ser el único lugar donde, a pesar de perder la vivienda se mantiene una deuda con la entidad bancaria, de manera que puede darse la paradoja de perder la vivienda y a la vez tener una deuda mayor que la contraída en la hipoteca inicial.

¿Por qué lo llaman ahorro cuando quieren decir recortes?

 El lunes pasado asistí en representación del Grupo Municipal de IU, como en otras ocasiones, al debate de la Cadena Ser de Junta de Portavoces. El tema: deuda pública y ahorro municipal.  

Sobre este tema, en primer lugar, creo que hay que dejar claro porqué ahora se habla tanto de políticas de austeridad, de reducir gastos de las Administraciones Públicas o de apretarnos el cinturón. En verano de 2011, el anterior gobierno pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución, que obliga a las administraciones a dar prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público. Esa reforma se concretó después en una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que ata de pies y manos a las administraciones y afecta de lleno a los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

Huelga educativa contra la segregación que impone la LOMCE

La intervención del Partido Popular sobre el sistema educativo apunta a un horizonte de segregación clasista del alumnado, de subordinación de la educación a una lógica mercantilista desde edades muy tempranas y de progresiva privatización en la gestión.

Una reforma del calado de la LOMCE debería acompañarse de estudios previos que la justifiquen. Pero en su último redactado simplemente se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. Además, el debate anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada, a una dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y, para colmo, esta reforma se plantea en un escenario de brutal recorte de la financiación (5.212 millones de euros desde que llegó el ministro Wert), lo cual difícilmente sienta las bases para mejorar la calidad educativa y combatir el fracaso escolar.