Artículo 47

Hace no tanto, apenas cuatro o cinco años, los bancos todavía daban préstamos en condiciones aparentemente muy ventajosas para hacerse con una vivienda en propiedad. “Alquilar es tirar el dinero”, se repetía entonces, porque el pago se prolongaba durante treinta, cuarenta o incluso más años y porque la banca se aseguraba en la letra pequeña tener la sartén por el mango. Ya entonces empezaban a producirse los primeros desahucios y las denuncias de asociaciones de consumo ante las cláusulas usureras de los créditos hipotecarios. Pero parecían casos aislados, gente imprudente que no había echado bien sus cuentas y que, hasta cierto punto, “se lo había buscado”. Ahora vemos que no, que la estafa fue generalizada, que le puede pasar a cualquiera. Que durante años se dieron ventajas fiscales y se relajaron los controles sobre la banca para que el negocio inmobiliario creciera y que las hipotecas “baratas” era un reclamo para que la gente corriente engrasara la maquinaria.

Ayuntamientos con paredes permeables y de cristal

La transparencia en las administraciones públicas es la base para que el resto funcione. Vivimos un momento en el se recortan sus inversiones y el gasto social, justificando la necesidad de austeridad en la crisis económica. Por ello, precisamente, la ciudadanía mira con lupa en qué se utiliza el dinero público, pues quiere asegurarse de que estos cada vez más escasos recursos, con los que cuentan los presupuestos, sean gestionados de forma racional, primando las necesidades más acuciantes en cada momento, entendiendo por estas, aquellas cuya rentabilidad social sea más beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía. Por ello debemos insistir en las calles, en los parlamentos y también en los ayuntamientos.